No sólo prestaba juramento como alcalde de San Pedro Garza García, población de la zona conurbada de Monterrey y una de las de mayores ingresos del norte de México, sino que también tenía grandes noticias que anunciarles a sus simpatizantes.
"Por cierto, ahorita me acaban de informar que el Negro Saldaña, que aparentemente es el que estaba pidiendo mi cabeza, hoy amaneció muerto en el Distrito Federal", dijo.
El único problema fue que el cadáver de Héctor Saldaña, descalzo y con los ojos vendados, apareció tres horas y media más tarde, según los fiscales de la Ciudad de México. El cuerpo, hallado junto a los de otros tres hombres, fue identificado dos días después.
Ahora, un país acosado por los carteles de la droga, que normalmente no presta atención a los incesantes secuestros, extorsiones y ejecuciones, no puede dejar de hablar de un crimen intrincado que parece vincular a narcotraficantes y políticos.
El alcalde Fernández enfrenta duras preguntas sobre la muerte de Saldaña. ¿Cómo se enteró de que su enemigo declarado estaba muerto antes que las autoridades? ¿Tiene vínculos con el cartel que lo habría matado?
Y ¿qué quiso decir exactamente cuando afirmó en su discurso de asunción que Saldaña y sus cómplices "van a entender por las buenas o por las malas, no aceptamos ningún tipo de secuestros en San Pedro Garza García, y lo pagarán con su propia cara"?
La respuesta inicial del alcalde en una serie de entrevistas ha sido que "a veces se dan coincidencias en la vida; mejor verlo así".
Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, Fernández ofreció una explicación misteriosa. Dijo que autoridades estadounidenses le habían avisado que alguien había interceptado comunicaciones entre narcotraficantes donde escuchó que Saldaña planeaba matarlo. Y afirmó que fuentes de inteligencia le dijeron que Saldaña estaba muerto horas antes de que aparecieran los cuerpos.
Paul Knierim, vocero de la agencia antidrogas estadounidense DEA, dijo el martes que no podía hacer declaraciones sobre el caso de Fernández pero que los agentes de su país coordinan su trabajo de manera permanente con los investigadores mexicanos que persiguen a los carteles.
"Y si nos enteráramos durante una investigación que la vida de alguien está bajo amenaza, definitivamente nos aseguraríamos de que esa información llegara a las autoridades apropiadas", agregó.
Periódicos de todo el país exigían respuestas el martes sobre cómo pudo Fernández saber de las muertes a cientos de kilómetros de distancia y antes de que la policía llegara a la escena. Un columnista de Reforma, uno de los principales diarios mexicanos, aventuró que el alcalde pudo haber tenido algo que ver con los asesinatos. "¿Escuadrones de la muerte?", preguntaba el titular.
Fernández no se dejó amilanar. Durante una entrevista radial el martes, dijo que creará un grupo para barrer al crimen de San Pedro y las comunidades vecinas.
"¿Este grupo de limpieza va a actuar al margen de la ley?", se le preguntó.
"En alguna forma, es correcto", dijo.
Con centros comerciales lujosos, escuelas privadas exclusivas y parques bien cuidados, San Pedro alberga las residencias hermosas y fuertemente custodiadas de algunos de los ejecutivos más importantes del país. Presuntamente, también viven allí algunos líderes del cartel de los Beltrán Leyva.
Hasta hace poco, este suburbio de Monterrey, a 217 kilómetros (135 millas) al sur de Laredo, Texas, era considerado una de las poblaciones más limpias y seguras de México. Pero luego ocurrieron una serie de secuestros y extorsiones. Fernández culpó a Saldaña, quien presuntamente hace unos meses se hizo cargo allí de las operaciones de los Beltrán Leyva.
Fernández le dijo al diario El Norte que Saldaña y su banda estaban secuestrando a dos o tres personas por semana y pedían unos 375.000 dólares por cada una. También dijo que exigían pagos mensuales a tiendas, restaurantes y bares.
Seis meses antes, durante su campaña para la alcaldía, Fernández desató un debate nacional sobre los vínculos entre los políticos y las mafias cuando se exhibió una grabación en que les decía a sus simpatizantes que sabía que había cabecillas de la droga que vivían en San Pedro y que les interesaba que esto no se supiera.
Sus palabras se interpretaron como que evitaría enfrentarse a los Beltrán Leyva para tener paz en la comunidad.
Fernández admitió haber hecho esas declaraciones pero dijo que fueron sacadas de contexto. En declaraciones a la AP negó haber negociado con narcotraficantes.
Sin embargo, sus dichos mostraron el difícil camino que enfrentan los gobernantes en un país en que los carteles de la droga tienen enorme poder.
El sábado, al asumir, Fernández dijo que combatirá el crimen, con o sin asistencia de los gobiernos federal y estatal.
"Les anuncio que me voy a tomar atribuciones que no tengo, porque vamos a agarrar el toro por los cuernos", dijo. "No vamos a necesitar ni al estatal, ni al federal. Directamente le vamos a entrar".
En respuesta, el secretario de seguridad del estado, Carlos Jáuregui, dijo que los funcionarios electos deben seguir la ley cuando combaten al crimen organizado.
Pocas horas después del discurso, las autoridades de la capital encontraron los cuerpos atados de Saldaña, su hermano, su hermanastro y otro hombre en una camioneta 4x4. Todos llevaban la palabra "secuestrador" escrita con marcador negro en la espalda.
También había notas. Una decía: "Por secuestradores" y estaba firmada "Jefe de jefes", el apodo del presunto cabecilla Arturo Beltrán Leyva, uno de los criminales más buscados de México.
Otra nota decía: "Job 38:15", en referencia al verso bíblico que dice: "Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado".
